La fecha límite estimada de entrada en vigor: 1 de enero de 2013.
La ventaja: Favorece el medio ambiente.
La desventaja: Los 250€ (aproximadamente) que costará a cada propietario el documento.
Las preguntas:
- ¿Es ésta una demanda real por parte de inquilinos y compradores?
- ¿La eficiencia energética no puede demostrarse de otra manera que con este certificado? (¿Qué criterios concretos utilizará el técnico para dictaminar dicha eficacia?)
- Y la más desalentadora: ¿Obligar a que los propietarios paguen por este documento es la mejor manera para concienciarnos de que hay que cuidar el planeta? Si creen que sí (o si es que sí) da mucho que pensar. Si son conscientes de que no, también.
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